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El Quebracho: Pequeños productores están desesperados ante amenazas de desalojo

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Alejandro Larsen, arrendatario de un campo desde 1992 de El Quebracho, en Santa Elena, está desesperado. El hombre introdujo y sacó animales tres veces desde 1992 en adelante. Cada vez que el gobierno anunciaba la venta de esas tierras a la empresa Tres Arroyos, Larzen sacaba todas las cabezas de ganado y las vendía. Las amenazas nunca se concretizaron porque los productores, acompañados por una seccional provincial de la Federación Agraria Argentina (FAA) con otros ideales, resistieron los intentos del poder. Por estos días, los pequeños productores del lugar vuelven a vivir la zozobra. Aseguran que el 15 de febrero los van a desalojar y la medida sería definitiva.

“El gobierno nos quiere desalojar. Nos mandó una orden para el 15 de febrero. Quieren venderle los campos a la empresa Tres Arroyos”, anunció el productor en diálogo con Análisis Digital y recordó que las tierras de la zona “se fueron vendiendo a la empresa”. Mientras esas ventas se concretaban, siempre había promesas “de trabajo para familias”. “A los compromisos los hizo Tres Arroyos pero han cumplido poco y nada. La misma empresa se quedó con muchas hectáreas en la zona”. Asimismo, señaló que “compraron un tambo en el que iban a mantener unas 20 familias pero tampoco lo han hecho. Lo que sí vienen haciendo es avanzar y ahora están pidiendo desalojo”. “Han querido desalojarnos muchas veces, han venido sin órdenes ni papeles. Pero esta vez nos dicen que es definitivo. Supuestamente es para agrandar el tambo”, acotó el productor. 

Larsen cuenta que los campos que explotan pequeños productores en El Quebracho “serán vendidos a 1.800 pesos la hectárea”. “El mismo precio que pedimos que nos vendan a nosotros, los poseedores de los campos, los productores que los explotamos. Hay más de 1.000 cabezas de ganado en esta zona. ¿A dónde vamos a ir a parar con los animales? A la mayoría no nos queda otra opción que vender, porque no tenemos para arrendar. Le estamos pidiendo al gobierno que nos vendan a nosotros los campos, al mismo precio que se lo venden a Tres Arroyos. Nosotros estamos dispuestos a vender todo lo que tenemos para comprar la tierra y arrancar otra vez”, expresó el padre de tres niños.

“Es una vergüenza política que pongan los intereses de las grandes empresas por encima de los pequeños productores. Cada uno de nosotros tiene entre 50 y 60 vacas, algunos más otros menos pero todos la peleamos, tenemos familia. No sabemos qué hacer. Queremos que nos den la oportunidad como primeros compradores. Si hubiesen venido a decirnos que van a vender los campos y nosotros nos resistimos, se justificaría la orden de desalojo, pero nadie nos dijo nada”, lamentó.

Luego Larsen planteó que “hay gente que es cierto que quiere que le regalen el campo. Pero otros somos gente de laburo, de trabajo no queremos que nos regalen nada, porque nos rompemos el lomo trabajando. Soy padre de familia, tengo tres hijos, tengo 57 animales y estoy desesperado. ¿Qué les voy a enseñar a mis hijos? ¿Qué hagan las cosas a fuerza de trabajo o que la política no sirve para nada? Les tengo que enseñar que como no somos gente de dinero, no tenemos derecho a tener nada, que se pueden romper la espalda trabajando para tener algo y de un día para el otro una empresa se lo va a sacar porque tiene plata y arregla con la política”.

Levantarse y seguir

El productor de El Quebracho contó todos los episodios que ha vivido a lo largo de los años en las tierras que trabaja. “No me opongo al progreso. Santa Elena es un pueblo que no tiene fuentes de trabajo y creo que el progreso ayudaría. Yo nunca me consideré dueño de los campos, por eso cuando en 2003 el gobierno nos dijo que iba a venderlos, saqué mis animales y los vendí. Como pasó el tiempo y nada, volvía a comprar animales y los puse en el campo otra vez, porque tenía las llaves de candados”. 

“En 2009-2010 volví a vender mis animales, porque otra vez nos decían que nos desalojaban. Yo no me opuse porque prometían fuentes de trabajo en el pueblo que es muy pobre. Y otra vez lo mismo, no pasó nada. Siempre tuve las llaves de los candados. Entonces cuando el cimbronazo pasaba, volvía a comenzar. Siempre con mucho sacrificio. La última vez que entré con animales fue hace unos tres años. Cuando entre la tercera vez comencé a moverme. Fui a las oficinas del gobierno a pedir por favor que me vendan el campo, que me lo vendan al mismo precio que le vendieron a Tres Arroyos otros campos. Tres Arroyos tiene muchísimas hectáreas entre Santa Elena y El Quebracho. No quiero que me regalen nada. Si es necesario vendo todo lo que tengo, mi casa, los animales, todo para poder comprar el pedazo de tierra que exploto y arranco otra vez”, planteó. 

“Tengo 41 años y tengo mucha fuerza todavía para seguir trabajando. Si este gobierno me diera la oportunidad, en seis meses les demuestro la capacidad y las ganas que tengo de trabajar junto a mi familia. Es una maldita injusticia lo que nos está pasando”, lamentó. 

En la zona hay unas 30 familias que están pasando por esta situación. “Hay gente que ha muerto, hay gente que tuvo que vender todo lo que tenía porque se enfermó. Yo no vivo adentro del campo porque nunca me dejaron. Hay otras personas que sí pudieron hacerse una casa ahí, limpiar el lugar y sembrar”, diferenció.

La historia de los campos

Los campos de El Quebracho empezaron a arrendarse hace varios años atrás. A principios de la década del 90 los administraba el cura párroco de Santa Elena. El propio Estado provincial se los había entregado al religioso para obtener beneficios económicos a favor de la escuela técnica El Quebracho, Cáritas y la Iglesia local. 

Según rememoran los productores más viejos en la zona, en 2003 comenzaron los conflictos. “Desde el ‘99 aproximadamente empezamos a pagarle el arriendo al gobierno, porque la administración religiosa se había disuelto. En 2003 nos pidieron que dejemos de pagar porque las autoridades políticas aseguraron que se venderían, aunque con eso también prometieron fuentes de trabajo”, recordó Alejandro Larsen.

En 2013 y 2014 se repitió la situación, y en estos días, está ocurriendo una vez más. 

La superficie perteneció al frigorífico Santa Elena fue reclamada insistentemente por trabajadores locales desocupados y en más de un ocasión se presentaron conflictos graves y ocupaciones esporádicas con la intención de trabajar la tierra.

Un pequeño predio quedó en manos de un grupo de vecinos, pero los gobiernos terminaron negociando con fuertes empresas que prometían generar mano de obra con distintas actividades productivas. En más de una oportunidad debió actuar la justicia y la policía, para desalojar estos terrenos.

Desde el cierre del frigorífico de Santa Elena, las disputas llevan más de tres lustros. Empresarios conocidos de la región negociaron con los distintos gobiernos lotes importantes y no prosperaron los proyectos que existían para colonizar con hijos de productores de la zona, santaelenenses y ex obreros desocupados. Los intereses de los grupos concentrados se impusieron sobre los proyectos colectivos.

Los vecinos sostenían que las empresas concentradas desmontaron o talaron los montes que había en las diferentes propiedades. En cambio, en las hectáreas que quedan los montes nativos todavía permanecen aunque modificados por la mano del hombre, incluso el reconocido botánico Juan de Dios Muñoz recorrió en su momento estos bosques y tuvo presiones severas respecto de la agresividad de la tala rasa que sufrieron estos alrededor de Santa Elena. Entonces afirmó que la protección de estos montes autóctonos era un deber del Estado.

 

Análisis Digital