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Santiago Alfieri, fiscal de la causa por el femicidio de Gisela López de Santa Elena, avanza en el armado de pedido de penas de cara al juicio que se realizará cuando se cumpla un año de la desaparición de la joven. Según adelantó al Nueve, pedirán prisión perpetua para dos de los imputados: Matías Vega e Iván Saucedo, por ser autores materiales. En tanto, solicitarán entre 5 a 7 años de prisión efectiva por encubrimiento a Mario Saucedo y Rocío Altamirano.

“Se ha fijado la fecha y ahora queda por preparar la etapa de debate con las distintas testimoniales que se culmina con una reconstrucción en el lugar del hecho que fue solicitada por la defensa y acordada por la Fiscalía”, expresó Alfieri, y adelantó: “La responsabilidad que les cabe según la ley por el delito que se les atribuye a Saucedo y Vega no deja otra alternativa que la de prisión perpetua“.

Respecto de la única mujer imputada, explicó: “En el caso de Altamirano la responsabilidad es directa por el delito de encubrimiento y falso testimonio en concurso ideal. La acusación a ella se formaliza a partir de la manera en la que se comportó, teniendo la oportunidad de dar la información que conocía”.

 

El debate oral y público para esclarecer el femicidio de la joven de Santa Elena, Gisela López, será en los Tribunales de Paraná en 2017. Comenzará cuando se cumpla un año de su desaparición y asesinato, a fines de abril. Está previsto que el juicio se extienda hasta mediados de mayo, cuando debería resolverse la sentencia condenatoria contra los cuatro imputados Mario e Iván Saucedo y Matías Vega por “homicidio agravado por violencia de género y abuso sexual”, y contra Rocío Altamirano por “encubrimiento”.

La joven de 19 años de Santa Elena fue vista por última vez el 22 de abril de 2016 por la noche, cuando volvía de la escuela. La fecha de inicio para el debate oral y público quedó establecida para el lunes 24 de abril de 2017. 

El 22 de junio de 2015, cuando se cumplían dos meses de la desaparición de Gisela López, se llevó a cabo un operativo policial en Santa Elena, a 50 metros de la casa de la familia de la joven asesinada. Ese mediodía detuvieron a los cuatro sospechosos que luego fueron imputados y que en abril de 2017 serán enjuiciados por el brutal femicidio. La causa fue remitida a juicio el pasado 23 de noviembre, a siete meses de la desaparición de Gisela.

Según pudo averiguar 9 Ahora, habrá ocho testimoniales en cada una de las audiencias del 24 al 28 de abril y en la del martes 2 de mayo, luego del feriado por el Día del Trabajador. El miércoles 3 de mayo, en tanto, tendrán lugar otras seis testimoniales. Serán 54 en total.

Se espera que los alegatos tengan lugar el jueves 4 de abril, mientras que el viernes 5 se realizará la reconstrucción del hecho. Finalmente, luego de los cinco días hábiles que establece el nuevo Código Procesal Penal, la sentencia se leería el lunes 15 de mayo de 2017.

 

Una vez más, Entre Ríos se ve envuelta en otro femicidio. Esta vez, un hombre mató a su esposa, de 39 años, en Rosario del Tala. Lo hizo delante de uno de sus hijos y luego se dio a la fuga a bordo de una moto y habría intentado quitarse la vida, pero intervino la Policía. La víctima había denunciado a su pareja por violencia de género.

El lamentable hecho tuvo lugar la mañana de este lunes, a las 8:45, en una casa ubicada en calle La Pampa, a metros de Rozados, del exbarrio del Cementerio. La víctima fue identificada como Ana Barbelli, mientras que el agresor es Miguel Cáceres, de 55 años.

Tras ser intensamente buscado en el departamento Tala y en la Región por la Policía, el autor del femicidio fue detenido. Personal policial lo encontró en el momento en que intentaba quitarse la vida. Fue aprehendido y trasladado al hospital de Rosario del Tala.

Luego de que Barbelli haya denunciado a su pareja durante los últimos cuatro meses, habían acordado una separación de hecho. Tenían cuatro hijos en común, que no fueron agredidos. El menor -de 6 años- fue testigo del asesinato y los otros tres se despertaron tras el crimen. Este lunes el hombre debía abandonar el hogar, pero antes de hacerlo habría decidido acabar con la vida de su esposa.

Este nuevo asesinato se da mientras diversas organizaciones civiles convocan a una nueva movilización frente a los Tribunales de Paraná, para reclamar medidas concretas tendientes a frenar la ola de femicidios que enlutan a la provincia.

 

9 Ahora

La Policía de Entre Ríos realizó un megaoperativo por drogas que contó con doce allanamientos simultáneos. Se realizaron ocho procedimientos en Colón, dos en barrio El Brillante de San José, uno en Concepción del Uruguay y otro en Villaguay. Todos fueron realizados durante la noche de este viernes. Los uniformados secuestraron marihuana, cocaína y dinero en efectivo, entre otros elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes. Dos hombres mayores de edad quedaron detenidos.

Según informó la Policía a 9Ahora, se incautaron 760 gramos de marihuana, 35 gramos cocaína, más de 44 mil pesos en efectivo, 26 plantas de cannabis sativa y semillas de marihuana. También se secuestraron 23 teléfonos celulares, balanzas de precisión, un revólver calibre 32 y balas. Tras los hallazgos, se dispuso la detención de dos hombres, de 30 años aproximadamente, y la identificación de otras 12 personas, que quedaron supeditadas a la causa.

La investigación está en manos del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de GabrielSeró. Del megaoperativo por drogas participaron un total de 130 efectivos, destacaron desde la Policía y detallaron que se trató de uniformados que prestan servicios en los departamentos Paraná, Colón, Diamante, Concordia, Federación, Gualeguaychú, Tala, Villaguay y Uruguay; también hubo personal de la ciudad de Chajarí. El caso se inició a raíz de una investigación del personal de la Jefatura Departamental de Colón.

 

Dos personas quedaron detenidas en la tarde del viernes en un operativo que se realizó en el Puesto Caminero Paso Telégrafo, departamento La Paz, por transportar 100 pastillas de éxtasis. Se trata de un joven de 24 años y una mujer de 22, oriundos de la provincia de Chaco. También se les secuestraron el auto, celulares y dinero. Quedaron alojados en las Unidades Penales N°1 y N° 6 de Paraná. 

Un operativo de prevención se concretó este viernes por la tarde en el Puesto Caminero Paso Telégrafo, en el Departamento La Paz, casi en el límite con la provincia de Corrientes.

Allí, el personal policial detuvo la marcha de un vehículo Fiat Palio que ingresaba a Entre Ríos desde la vecina provincia, y en el que iban un joven de 24 años y una mujer de 22, oriundos de la provincia de Chaco, y a quienes en la requisa se les encontró un envoltorio con 100 pastillas de éxtasis. 

La Justicia Federal de Paraná, dispuso la detención de las dos personas, que fueron trasladadas a la Unidad Penal N°1 y N° 6. Asimismo se secuestró el automóvil, dinero en efectivo, y aparatos de telefonía celular.

 

El Gobierno nacional busca autorizar, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia -DNU-, que militares reemplacen a gendarmes en la protección de los llamados “objetivos estratégicos” como, por ejemplo, las centrales nucleares o las represas hidroeléctricas. En ese marco, la represa de Salto Grande que une Entre Ríos con Uruguay, entraría dentro de la órbita.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le habría hecho el pedido a su colega de Defensa, Julio Martínez. Para ello, se destinarían unos 1.200 miembros de la Gendarmería, que se encargan actualmente de esas tareas sobre los objetivos estratégicos, al patrullaje el Gran Buenos Aires en el marco del plan de seguridad interna del Gobierno, una de las prioridades del macrismo.

Según se supo, Martínez tendrías las tropas listas para pasar a custodiar esos objetivos. De todos modoso, primero necesita que le den “cobertura legal” a la decisión, publicó Clarín. Una de las primeras medidas que tomó el ministro de Defensa cuando asumió fue replegar esas tropas.

Además de Salto Grande, a nivel nacional destacan también que los militares custodiarían objetivos como las centrales nucleares de Atucha I y Atucha II o la represa hidroeléctrica de El Chocón “con la lógica de la custodia de un cuartel militar”, explicaron fuentes oficiales.

De todos modos, aclararon que “de ninguna forma esto supone poner a las fuerzas armadas en temas de seguridad interna o policiales y menos en la lucha contra el narcotráfico”.

Por otra parte, Martínez estudia la posibilidad de pedir un cambio al decreto 727 del 2006 de la ex ministra de Defensa Nilda Garré, que reglamentó la ley de Defensa. En uno de sus artículos dice que “el sistema de defensa debe orientarse estructural y organizativamente hacia la conjuración de situaciones de agresión externa perpetradas por fuerzas armadas de otro Estado”. Considera que ese párrafo es restrictivo y desactualizado.

Las fuentes subrayaron que no se trata de usar a las fuerzas armadas para luchar contra el terrorismo como impulsa el comando sur de los Estados Unidos. Pero, cómo dice el exministro de Defensa Horacio Juanarena “la respuesta del Estado argentino debe ser proporcional a la magnitud del ataque”.

La Policía de Entre Ríos halló una importante suma de dinero que era trasladada ilegalmente. El operativo fue realizado por personal de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, en el puesto caminero ubicado en la rotonda de la Ruta Provincial 6 y Nacional 12.

Los uniformados procedieron a la detención de una camioneta modelo Amarok e interrogaron a los ocupantes del vehículo, que eran dos ciudadanos de nacionalidad china, según informaron fuentes policiales a 9 Ahora.

Tras la identificación de los hombres y de la documentación de la camioneta, los uniformados constataron que trasladaban en una mochila una importante cifra de dinero. En total, se contaron 800 mil pesos en efectivo.

Dado que no portaban ninguna documentación que respaldara el aval o diera un soporte de procedencia de ese monto, los uniformados dieron intervención a la Secretaría Criminal del Juzgado Federal de Paraná.

La Justicia dispuso el formal secuestro del dinero por la presunta infracción al Artículo 303° del Código Penal y los ciudadanos chinos serán investigados por el supuesto delito de lavado de dinero.



La extesorera municipal de Santa Elena, Irma Medina, fue condenada por peculado por la justicia por haberse quedado con una suma cercana a los mil pesos hace diez años. El caso se resolvió en un juicio abreviado donde la propia exfuncionaria reconoció haberse apoderado, en cinco veces, de pequeñas sumas de dinero en un monto cercano a los mil pesos. La condena fue de tres años de prisión condicional y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. El caso recordó a lo sucedido con el exintendente de Gualeguay, Luis Erro, condenado por el mismo delito por la utilización irregular de energía eléctrica. El rigor de la Justicia ante casos de relativa importancia cuando de corrupción y malos manejos se trata.

Siempre se sostiene que el Derecho Penal no juzga montos, sino conductas. Hay otros que dicen que los jueces o fiscales que aplican esa teoría adolecen de conocimientos técnicos necesarios para abordar casos como estos con medidas alternativas. Como dijo un juez del Tribunal de Juicio tiempo atrás, al no haber una política criminal clara en Entre Ríos (por desconocimiento o por decisión de política no echan mano a salidas alternativas para delitos de bagatela) se siguen investigando causas que tendrían que resolverse de forma alternativa para evitar un gasto innecesario y excesivo de tiempo o dinero. Esa es la sensación que quedó de los últimos juicios a funcionarios: Luis Erro de Gualeguay e Irma Medina de Santa Elena. Dos casos distintos, pero donde los montos con los que supuestamente se perjudicó al erario público eran menores a la cantidad de hojas que se ocuparon para hacer el legajo. Sin embargo, este tipo de procesos son demostraciones de poder del Poder Judicial hacia una sociedad que esta sedienta de justicia.

Irma Medina reconoció ayer en juicio abreviado, después de una década, haberse apoderado de pequeñas sumas de dinero en cinco oportunidades por un monto cercano a los 1.000 pesos. Por tal motivo cumplirá tres años de cárcel de modo condicional. También le aplicaron una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, según publicó UNO Entre Ríos.

 

La Policía de la provincia emitió una resolución que establece la “regulación de la portación del arma reglamentaria” para los efectivos de la fuerza sobre los que pese “denuncia por violencia de género o familiar“.

La norma no inhabilita al personal denunciado de utilizar su arma reglamentaria, sino que limita su uso al horario laboral. “El personal denunciado deberá retirar el arma de dotación en el momento de ingreso, entregándola al final de la jornada de trabajo“, reza uno de los tramos del texto al que accedió 9 Ahora.

La resolución 820, que incluye a todos los policías de Entre Ríos, fue firmada por el jefe Gustavo Maslein este miércoles, luego de la creciente cantidad de casos de femicidio y violencia de género ocurridos en los últimos días en distintas ciudades de la provincia.

Esta regulación establecida por la fuerza de seguridad consiste en la “limitación del derecho a la portación, tenencia y transporte de la misma dentro del horario laboral“, dice el cuerpo de la norma. El responsable del “estricto cumplimiento” será el jefe de la dependencia a la que corresponda el efectivo denunciado por violento.

Del texto también se desprende que la medida fue tomada debido a “la necesidad de aumentar la protección de la mujer en situación de violencia de género y evitar su invisibilidad“.

 

El gobernador Gustavo Bordet encabezó este viernes la ceremonia de toma de juramento a los nuevos oficiales y ayudantes de la Policía de Entre Ríos que egresaron de la escuela superior de oficiales, Salvador Maciá, de Paraná. En relación al tema seguridad expresó: "Hay que verlo en sus causas y sus efectos y ahí vamos a seguir trabajando en la faz preventiva, para evitar los efectos; y fuertemente también en lo que significa el combate al delito. Vamos a seguir profesionalizando nuestras fuerzas policiales.

”Previo a la toma de juramente a los 71 egresados de la Promoción 108º de la escuela policial, el gobernador destacó la relevancia del acto y apuntó: “Con la importancia que implica el caso, hoy estamos aquí en el Teatro 3 de Febrero acompañando al ministro Urribarri, al jefe de Policía de Entre Ríos, al subjefe y a todo el personal en el acto de graduación de los oficiales y también el ascenso a comisario general de la plana mayor”.

Sobre los nuevos policías, el gobernador afirmó: "Una política en materia de seguridad exige trabajar cada día junto a la comunidad para enfrentar y superar los problemas con el absoluto compromiso de poner todas las herramientas del Estado para seguir siendo una sociedad en paz, con oportunidades y desarrollo para todos. Es un gran orgullo esta noche haber podido acompañar a los nuevos integrantes de la fuerza policial entrerriana que nos van a cuidar a nuestros vecinos y dedicarse a la prevención y la lucha con el delito."

Por su parte, el jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, dirigió una palabras a los egresados expresando el afecto que sentía por quienes forman parte de esta institución que con sacrificio y trabajo hacen a la esencia misma de estar al servicio del otro, desde 1.834."Para ello es necesario conocer la provincia y su gente y establecer acciones para prevenir aquello que afecte el la convivencia social" señalo.

Maslein, indicó que este sábado “parten de viaje hacia Europa, donde harán una capacitación sobre narcotráfico. La de allá es una Policía moderna, con mucha experiencia en el tema y por eso aprenderemos de ellos. También visitarán al Santo Padre en Roma, quien los recibirá en audiencia".

Indicó que los oficiales estarán afectados a los servicios de seguridad en la Costa del Uruguay, en los carnavales de Concordia, Gualeguaychú y Colón, y luego tomarán servicio los primeros días de febrero.

"Los 71 oficiales quedarán en Paraná, van a hacer trabajos de calle por la mañana y por la tarde quedarán afectados para poder cursar el cuarto año de la Licenciatura en Seguridad Pública, gracias a convenio con la Uader. Este año tomamos la decisión de que este requisito se cumpla ni bien salgan de la escuela. El año que viene, cuando cumplan el cursado, serán redistribuidos en distintos puntos de la provincia", comentó Maslein.

En la ceremonia estuvieron el jefe y subjefe de Policía, Gustavo Maslein y José Lauman; el ministro de Gobierno y Justicia, Mauro Urribarri; la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Mizawak; el arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puigari; el secretario de seguridad de la provincia de Entre Ríos, Héctor Massuh; el secretario de Gobierno, Germán Grané, y la viceintendenta de Paraná, Josefina Etienot, entre otras autoridades y familiares y allegados de los egresados.

Un nuevo hecho trágico, esta vez con el asesinato de cuatro víctimas, esta madrugada, en Concepción del Uruguay, volvió a conmocionar a la provincia, después de un fin de semana violento, con episodios idénticos en Paraná y Concordia. Esta vez, un hombre asesinó a puñaladas a su ex pareja, el actual concubino de esta, y a sus dos hijas menores, de 5 y 7 años, en Concepción del Uruguay, poco después de la una de la mañana de este lunes. El lamentable episodio se produjo después de un encontronazo verbal, que derivó en nuevas muertes para los registros trágicos de estos días.

Según explicó el subjefe de la Departamental Uruguay de la Policía de Entre Ríos, comisario Luis Aguiar, en declaraciones a radio La Voz de Paraná, el hecho se registró en el Barrio 133 viviendas de Concepción del Uruguay, poco después de la una de la madrugada. 

Johana Carranza fue asesinada por su ex pareja, Juan Pablo Ledesma, domiciliado en Basavilbaso. También su actual pareja, Carlos Vicente Peralta, de 23 años, y las dos hijas que tenían juntos: Luciana de 5 años y Candela, de 7. 

Según los primeros datos, el agresor habría asesinado a cuchillazos a sus víctimas, siendo herido en su ataque frenético. De hecho, el autor de la tragedia se encuentra internado en el hospital de Concepción del Uruguay y con custodia policial y con heridas preocupantes, como consecuencia de la riña que se produjo con una de las víctimas. 

El comisario Luis Aguiar indicó que el victimario forzó la puerta de una vivienda del barrio 133 viviendas, en la casa de Johana Carranza, que vivía con sus hijas de 5 y 7 años. Todavía se está investigando qué sucedió en el lugar, porque estaba separada de la persona con la que estaba casada, Juan Pablo Ledesma, domiciliado en Basavilbaso". 

"Esta mujer estaba con otro hombre en el domicilio, y por ello hubo una fuerte discusión en el interior del domicilio. Los vecinos observaron la situación, pero no se notaba que hubiera sucedido semejante caso", explicó el funcionario. "Como no había ruidos, vecinos ingresaron por la fuerza, y se encontraron con las personas fallecidas", acotó el oficial. 

Cabe destacar que durante este fin de semana un efectivo de la Prefectura Naval Argentina había asesinado a tiros a dos de sus ex parejas en Paraná, mientras que en Concordia un hombre intentó matar a su ex pareja e hirió a la actual pareja de esta para luego suicidarse.

Análisis Digital

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