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Vie, Ene
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La Policía de la provincia emitió una resolución que establece la “regulación de la portación del arma reglamentaria” para los efectivos de la fuerza sobre los que pese “denuncia por violencia de género o familiar“.

La norma no inhabilita al personal denunciado de utilizar su arma reglamentaria, sino que limita su uso al horario laboral. “El personal denunciado deberá retirar el arma de dotación en el momento de ingreso, entregándola al final de la jornada de trabajo“, reza uno de los tramos del texto al que accedió 9 Ahora.

La resolución 820, que incluye a todos los policías de Entre Ríos, fue firmada por el jefe Gustavo Maslein este miércoles, luego de la creciente cantidad de casos de femicidio y violencia de género ocurridos en los últimos días en distintas ciudades de la provincia.

Esta regulación establecida por la fuerza de seguridad consiste en la “limitación del derecho a la portación, tenencia y transporte de la misma dentro del horario laboral“, dice el cuerpo de la norma. El responsable del “estricto cumplimiento” será el jefe de la dependencia a la que corresponda el efectivo denunciado por violento.

Del texto también se desprende que la medida fue tomada debido a “la necesidad de aumentar la protección de la mujer en situación de violencia de género y evitar su invisibilidad“.

 

Un nuevo hecho trágico, esta vez con el asesinato de cuatro víctimas, esta madrugada, en Concepción del Uruguay, volvió a conmocionar a la provincia, después de un fin de semana violento, con episodios idénticos en Paraná y Concordia. Esta vez, un hombre asesinó a puñaladas a su ex pareja, el actual concubino de esta, y a sus dos hijas menores, de 5 y 7 años, en Concepción del Uruguay, poco después de la una de la mañana de este lunes. El lamentable episodio se produjo después de un encontronazo verbal, que derivó en nuevas muertes para los registros trágicos de estos días.

Según explicó el subjefe de la Departamental Uruguay de la Policía de Entre Ríos, comisario Luis Aguiar, en declaraciones a radio La Voz de Paraná, el hecho se registró en el Barrio 133 viviendas de Concepción del Uruguay, poco después de la una de la madrugada. 

Johana Carranza fue asesinada por su ex pareja, Juan Pablo Ledesma, domiciliado en Basavilbaso. También su actual pareja, Carlos Vicente Peralta, de 23 años, y las dos hijas que tenían juntos: Luciana de 5 años y Candela, de 7. 

Según los primeros datos, el agresor habría asesinado a cuchillazos a sus víctimas, siendo herido en su ataque frenético. De hecho, el autor de la tragedia se encuentra internado en el hospital de Concepción del Uruguay y con custodia policial y con heridas preocupantes, como consecuencia de la riña que se produjo con una de las víctimas. 

El comisario Luis Aguiar indicó que el victimario forzó la puerta de una vivienda del barrio 133 viviendas, en la casa de Johana Carranza, que vivía con sus hijas de 5 y 7 años. Todavía se está investigando qué sucedió en el lugar, porque estaba separada de la persona con la que estaba casada, Juan Pablo Ledesma, domiciliado en Basavilbaso". 

"Esta mujer estaba con otro hombre en el domicilio, y por ello hubo una fuerte discusión en el interior del domicilio. Los vecinos observaron la situación, pero no se notaba que hubiera sucedido semejante caso", explicó el funcionario. "Como no había ruidos, vecinos ingresaron por la fuerza, y se encontraron con las personas fallecidas", acotó el oficial. 

Cabe destacar que durante este fin de semana un efectivo de la Prefectura Naval Argentina había asesinado a tiros a dos de sus ex parejas en Paraná, mientras que en Concordia un hombre intentó matar a su ex pareja e hirió a la actual pareja de esta para luego suicidarse.

Análisis Digital

Tres jóvenes alcoholizados discutieron por problemas personales, y cuando pretendieron golpear a uno de ellos, su tío de 71 años se interpuso y mató a un muchacho de 25 años de al menos dos puñaladas en el corazón. Fue en la madrugada de este miércoles en una vivienda de la localidad de Santa Elena. Tras el hecho el autor del crimen se entregó a la policía y permanece detenido.

Un joven de 25 años fue encontrado muerto a causa de al menos dos puñaladas que le impactaron a la altura del corazón; el hecho se registró en el interior de un domicilio de calle 9 de Julio entre Cortada Entre Ríos y Avenida Mitre de la localidad de Santa Elena (departamento La Paz), alrededor de las 3.45 de este miércoles.

Según detalló a Canal Once el responsable de la comisaría de Santa Elena, Juan Carlos Faría, el hecho se registró durante un encuentro de amigos, en la casa del tío de uno de ellos. “Estaban alcoholizados y todo se desencadenó por una pelea a causa de problemas personales”, indicó.

De acuerdo a los primeros datos, los jóvenes iniciaron una discusión con el sobrino del dueño de casa y éste en un intento por defenderse para que no lo golpearan, se encerró en una habitación. Los otros sujetos lograron derribar la puerta de chapa pero en ese momento se interpuso delante de ellos, el hombre de 71 años, tío del menor.

Uno de los jóvenes le propinó un fuerte golpe con un hierro en uno de sus brazos, por lo que el septuagenario repelió la agresión y le asestó al menos dos puñaladas certeras a la altura del corazón.

El hombre de 71 años se entregó en forma voluntaria en la comisaría local y quedó detenido a disposición del fiscal que interviene en la causa, Facundo Barbosa. El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial de Oro Verde para que se le practique la autopsia correspondiente, mientras el agresor permanece detenido. 

 

Un hombre mató a tiros a dos mujeres con las que había estado en pareja anoche en Paraná, Entre Ríos. Se trata de un efectivo de la Prefectura Naval Argentina (PNA) que se encuentra detenido.

Los femicidios ocurrieron en el barrio Mosconi cerca de las 21, informó el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull. El asesino, identificado como Orlando Ojeda, de 46 años, disparó primero contra Romina Miriam Ibarra, de 35 años, que trabajaba en la central 911 y era madre de dos hijos que había tenido con otra pareja. El cuerpo de la mujer fue encontrado con por lo menos un tiro en la cabeza en el baño de su casa.

Luego de asesinar a Ibarra, el prefecto se dirigió al domicilio de Norma Milessi, de 45 años, con quien se encontraba en trámites de divorcio y tenía tres hijos y le disparó, dejándola en grave estado. La mujer falleció camino al hospital San Martín. 

Un vecino de la primera víctima que intentó intervenir fue herido de bala y se encuentra internado en el hospital San Martín. Según el fiscal, "fuera de peligro". 

"Desde la vivienda donde fue uno de los hechos y la otra hay una distancia considerable, aproximadamente habrán pasado unos quince o veinte minutos entre uno y otro", explicó el Ramírez Montrull.

Ojeda fue detenido en la calle cuando se dirigía en moto a su casa luego de asesinar a las dos mujeres. "Luego de detenerlo, si bien hace una breve mención a lo que había hecho, no quería ser esposado y ahí tuvo que intervenir la fuerza", agregó Ramírez Montrull, que señaló que el prefecto entregó el casco y el arma reglamentaria con la que aparentemente causó los asesinatos.

La ex esposa del prefecto falleció en el hospital. Según el fiscal, se encontraba en trámites de divorcio con el prefecto y tenían tres hijos. La otra mujer se había peleado con Ojeda dos meses atrás. La causa fue caratulada como "doble homicidio calificado".

 

Clarín

Gabriela Monzón, la mamá de Gisela López, dialogó con 9 Ahora y se animó a contar de manera exclusiva lo que hasta ahora, nunca había dicho. La hipótesis sobre lo que pasó en el caso de su hija es, al menos, inquietante. La mujer defendió el trabajo del fiscal Santiago Alfieri, apuntó contra la Policía de Santa Elena y le hizo un fuerte pedido al ministro de Gobierno, Mauro Urribarri. Además, se lamentó por haber estado tan cerca de la joven sin poder hallarla, reiteró que no va a descansar hasta que los culpables paguen e incluso reveló que le envió una carta al presidente Mauricio Macri.

Fuerte denuncia contra la Policía y pedido a Urribarri

Gabriela piensa que “cuando estaba el comisario anterior –Pablo Noriega– la Policía de Santa Elena nunca salió a buscar a Gisela“. “¿Qué quisieron tapar?“, se preguntó. “Si no fuera por el fiscal y por la Policía que llegó de Paraná, esto nunca se aclararía“, introdujo.

Y reveló: “Tengo un audio en que los policías iban y cuatrereaban y el viejo Saucedo -el mayor de los detenidos- se encargaba de carnear y le daba esa carne a la Policía. Hay muchas denuncias de vecinos de que les robaba los animales. Entonces, había muy pocos que querían que se aclarara esto. Hay muchas cosas que acá no se saben bien y nosotros hasta ahora preferimos callarnos, pero la Policía comía con el viejo Saucedo“.

En esa línea, adelantó: “Yo tengo oportunidad de hablar con Mauro -Urribarri-, así que le voy a pedir que a la cúpula de Santa Elena la cambie completa, porque lo único que cambiaron fue el comisario y quedaron estos milicos que hicieron mal su trabajo y les están pagando un sueldo”. “¿Ellos no merecen un castigo porque nunca salieron a buscarla?”, cuestionó, indignada.

La hipótesis de la madre

Gabriela recordó la noche del 22 de abril, cuando su hija desapareció camino a su casa mientras volvía de la escuela nocturna. Las dos hermanas iban a la misma aula pero no salieron juntas. “Gracias a Dios que Adri venía unas cuadras atrás y Gisela pidió permiso para salir temprano, no venían juntas, porque si no, hoy estaría lamentando a mis dos hijas, hijas de cualquiera del barrio. Porque acá ha pasado mucho manoteo de gurisas y nadie denunció, siempre hicieron exposiciones“, introdujo.

Y señaló algo inquietante: “Habían agarrado la manía de hacer eso, estaban re malenseñados, habían querido cazar otras chicas. La mala suerte la tuvo Gisela porque se les dio la oportunidad y no tuvo nadie que la defienda“. Y subrayó, conmovida: “Así como escondían la carne que robaban, la escondieron a mi hija, debajo de los yuyos y la Policía sabe eso. Miran para otro lado“. “Ese día que hicieron allanamientos dice que tenían un cordero adentro de un auto viejo que tenían en la casa, podrido”, añadió

 

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná condenó a 11 años de prisión el expolicía Atilio Céparo, por el secuestro y las torturas cometidos contra una mujer durante la última dictadura cívico militar. Los jueces indicaron que los fundamentos de la sentencia serán leídos el próximo miércoles 26 de octubre, en tanto que la resolución respecto al pedido deprisión domiciliaria será resuelta en el incidente del expediente de la presente causa.

“Para nosotros es buena la sentencia en tanto tomó las dos acusaciones que hacemos, que son privación ilegítima de la libertad agravada y tormentos agravados, que es lo mismo que tortura”, señaló Sofía Uranga, abogada querellante en representación de H.I.J.O.S. Regional Paraná. En los alegatos, la querella, integrada por Uranga y Marcelo Boeykens, había solicitado 21 años de prisión, en tanto la Fiscalía a cargo de José Ignacio Candiotti pidió 16.

El Tribunal Oral que juzgó a Céparo está integrado por Lilia Carnero, Noemí Berros y Roberto López Arango. La defensa del condenado, en tanto, estuvo a cargo de José Ostolaza.

Cabe destacar que este es el primer juicio donde es juzgado un integrante de la policía entrerriana por delitos cometidos en la última dictadura. Tanto la Fiscalía como las organizaciones de derechos humanos vienen reclamando que la investigación se amplíe en este sentido, para abarcar en una causa mayor los detalles del funcionamiento de esa fuerza en el esquema represivo.

Los hechos

El 23 de setiembre de 1976, como oficial ayudante de la Policía de la provincia, Céparo integró una patota que detuvo a una mujer dentro del sanatorio La Entrerriana, donde la víctima trabajaba. Luego de ser llevada a la Jefatura Departamental que funcionaba en calle Córdoba, fue trasladada a la Comisaría del barrio San Agustín para permanecer allí 6 días. Luego fue nuevamente derivada a la Departamental, donde la sometieron a torturas con picana eléctrica. Allí, la víctima pudo identificar a Céparo como uno de los torturadores.

9 Ahora

Hubo un inesperado giro en el Caso Gisela López. Científicamente, se pudo determinar que hay una quinta persona implicada en el femicidio y que la joven fue abusada. Además, el fiscal Santiago Alfieri cambió la carátula de la causa, "por encubrimiento y falso testimonio en concurso ideal", según reveló a 9 Ahora.

"Nadie volvió a declarar", aclaró el funcionario judicial. "Lo que yo hago ahora es afinar la acusación, estando ya en la etapa final de recolección de la evidencia", explicó a este Portal, a días de pedir la elevación de la causa a juicio. "Cada uno merece que se lo juzgue por lo que ha hecho", expresó, en torno al terrible asesinato de la joven de 19 años de Santa Elena que conmocionó a la provincia y al país.

Cinco implicados, uno desconocido

En ese sentido, Alfieri contó que pudo diferenciar el rol de los imputados por el crimen de Gisela: según la acusación de la Fiscalía, Rocío Altamirano -19- encubrió el hecho, mientras que los autores materiales fueron los tres varones detenidos -Mario e Iván Saucedo y Matías Vega-, más un cuarto, aún no identificado. "Materialmente, es seguro que hay una cuarta persona, por el resultado de las evidencias que hemos tenido hasta ahora: hay un nuevo perfil genético" en el cuerpo de Gisela.

De esta manera, la joven Altamirano será imputada "por encubrimiento, teniendo la posibilidad de darlo a conocer a las autoridades, por no haberlo hecho". "Y a las otras tres personas, se le imputa la participación en el delito de privación ilegítima de la libertad seguido de muerte", especificó Alfieri.

Abuso

Además, consultado acerca de la confirmación del abuso sobre la joven, el funcionario judicial dijo: "Tenemos la verificación de agresión física y se encontró dentro de lo que es material genético, una mezcla entre el perfil genético de Gisela López y el de una persona no identificada. Estando ella sujetada y dominada por tres personas identificadas y una más, el abuso es de todos, no de uno solo", aclaró.

Carátula

Finalmente, la carátula completa quedó conformada de la siguiente manera: "Homicidio calificado por violencia de género, por alevosía y específicamente pro ser criminis causa. Además, se suma el encubrimiento y falso testimonio en concurso ideal", indicó el fiscal.

Data de la muerte

Santiago Alfieri reafirmó algo que había dicho desde el principio. Para la Fiscalía, no hay dudas acerca de la data de la muerte de Gisela López. "El cuerpo estuvo ahí 18 días antes del hallazgo y la muerte corresponde a ese tiempo", afirmó. "A ella la mataron entre la noche del 22 y la primera mañana del 23 y la dispusieron en ese lugar –El Bajo, donde la joven fue hallada, a 200 metros de su casa– entre la noche y la mañana del 23, es deciren ese mismo período de tiempo". "Científicamente, no hay duda de esto", concluyó.

 

En los días pasados, el excandidato a viceintendente de Santa Elena, José Fernández, denunció el robo de casi 20 mil pesos que le sustrajeron de una camioneta. El hecho tuvo lugar el pasado viernes. La víctima relató que el dinero era un adelanto del sueldo que percibe en el municipio como encargado del Servicio de Mantenimiento Eléctrico. El hombre sospecharía en sus propios compañeros de trabajo.

“Cope” Fernández, postulado en las pasadas elecciones por el frente Cambiemos, denunció en la Comisaría local la sustracción una suma cercana a los 19.800 pesos. El sanataelenense dijo que cobró la plata en Tesorería Municipal durante la mañana y continúo con su trabajo habitual, por lo que llevó el dinero consigo y lo puso dentro de un tarro con tapa en la camioneta.

Tras realizar tareas de mantenimiento eléctrico en la zona de la costanera junto a otros trabajadores, y un posterior almuerzo, se percató de la faltante del mismo. Inmediatamente averiguo con sus compañeros si conocían lo que pasó con el tarro pero desconocían la situación. En la dependencia policial desestimó que lo hayan asaltado por lo que se presume que la cuantiosa cantidad de dinero fue sustraído en un descuido por uno o varios sospechosos.

 

Este jueves, aproximadamente a las 16, se produjo el incendio en el interior del depósito de una casa de venta de artículos del hogar, en Santa Elena. Por el momento se desconocen los motivos que provocaron el incendio, aunque algunos vecinos manifestaron creer que se originó por un cortocircuito en el sector donde se encontraban los colchones. Las pérdidas fueron totales. 

El depósito incinerado se encuentra ubicado por calle Paraná, en el barrio Martín García, y pertenece a la firma Lujo Hogar, de la familia Dellepiane. Las causas del incendio serán establecidas con la intervención del perito en incendios que asistirá al lugar del hecho, publicó Santa Elena Digital.

 

El Tribunal Oral Federal de Paraná resolvió condenar a seis años de prisión y multa de cinco mil pesos a un cordobés de 52 años que fue detenido el 16 de agosto de 2015. El operativo se realizó en el acceso sur a La Paz, con 1.600 kilos de marihuana. Fiscalía pidió ocho años y multa de diez mil pesos, la defensa la nulidad del procedimiento. El condenado dijo que vio una "oportunidad" de hacer dinero para comprar una casilla para sus hijas.

José Luis Angulo fue detenido el 16 de agosto de 2015, aproximadamente a las 5.35, en un operativo de control de ruta que realizaba Gendarmería Nacional Argentina sobre la ruta nacional Nº 12, a la altura de la intersección con la ruta provincial Nº 6, en el acceso sur de La Paz, con 1.600 kilos de marihuana dispuestas en 62 bultos que contenían un total de 2.639 ladrillos de droga. El hombre, de 52 años, que tiene dos hijas, una con una severa discapacidad, dijo arrepentido, ante el Tribunal, el fiscal y su defensor, que "este error lo está pagando muy caro". Angulo sostuvo que accedió a trasportar "mercadería ilegal" desconociendo que se trataba de estupefacientes, para con el ilegal producido de esa acción comprar una casa prefabricada para sus hijas, y así dejar de desembolsar tres mil pesos mensuales de alquiler. El lunes fue condenado a la pena de seis años de prisión más una multa de cinco mil pesos por el delito de transporte de estupefacientes. En la sentencia, se rechazó el pedido de la defensa para que se declare la nulidad del procedimiento, en el que Angulo fue detenido; y se disminuyó la pena solicitada por Fiscalía que fue de ocho años de prisión y multa de diez mil pesos.

El Tribunal consideró como atenuantes el "escaso nivel de instrucción del imputado; su nivel económico bajo -aunque se comprobó que percibía un sueldo "seguro y estable de entre 10.000 y 15.000 pesos"- y consiguientes necesidades de esa índole; su viudez; que tiene dos hijas a su cargo y a cuya manutención debe proveer, porque la mayor -de 20 años- debe atender a su hermana menor de 18 años, discapacitada, lo que le insume mayores gastos". Los magistrados entendieron que fue en aquel "contexto socio-económico y existencial halla explicación que haya accedido a transportar la droga en el escalón más vulnerable ('mula') de la organización delictiva que estaba detrás de este negocio y que haya así cedido a la tentación -que llamó 'oportunidad'-de obtener en forma fácil y en unas horas de viaje la suma de 30.000 pesos -equivalente a dos sueldos mensuales- con la que planeaba adquirir una casa prefabricada para sus hijas, de modo de sustituir los 3.000 pesos de alquiler que estaba entonces abonando, según lo declaró.

Como agravantes, el Tribunal valoró "la intensidad del ilícito que se desprende de manera nítida de la cantidad de marihuana transportada (casi 1,6 toneladas) y la cantidad de dosis umbrales que podrían extraerse de ella según la pericia (16,6 millones), siendo clara su incidencia en la afectación al bien jurídico protegido (la Salud Pública); que Angulo es una persona mayor (51 años al momento del hecho) y con un empleo estable y formalizado (chofer de una empresa de transporte de cargas), lo que debió incidir en su mayor apego a las normas".

El acta judicial de pesaje de todos los paquetes arrojó que se trataba de 1.599,910 kilos de marihuana; cantidad de la que se "podían obtener más de 16 millones de dosis umbrales, suficientes para intoxicar más de 3 veces a la población de la provincia de Entre Ríos".

 

La causa Gisela López será remitida a juicio. Así lo afirmó el fiscal a cargo de la investigación judicial, Santiago Alfieri, en diálogo con 9 Ahora. Este jueves se cumplen 5 meses de la desaparición de la joven de Santa Elena que fue hallada muerta el 10 de mayo. Familiares, amigos y algunos vecinos de la localidad realizaron una “mateada” en el Anfiteatro municipal este domingo para recordar a la adolescente de 19 años y volver a pedir justicia.

Este lunes, en audiencia de casación, se resolvió la continuidad de la prisión preventiva para los 4 detenidos por el femicidio que conmocionó a la provincia y al país. “Próximamente, se va a requerir la remisión a juicio de la causa, probablemente, con algunas precisiones de la imputación“, comunicó el fiscal Auxiliar de La Paz.

En este sentido, la Justicia ha recabado elementos suficientes que le permiten diferenciar la responsabilidad que le cabría en el crimen a los ladrilleros Mario e Iván Saucedo -padre e hijo, de 54 y 29 años respectivamente-, a la pareja del menor de ellos, Rocío Altamirano -de 19 años- y Matías “Matute” Vega -hijo de un policía local, también de 19 años-.

Además, Alfieri desestimó que haya otros implicados en el brutal asesinato. “No tenemos elementos para determinar la identificación de otras personas que hayan participado en el hecho”, sostuvo.

El pedido de elevación a juicio será formalizado “en menos de un mes“, estimó el fiscal. “En principio, esa es la intención, al menos que surja algo que nos genere algún tipo de demora”, indicó el magistrado.

Cambios en la defensa

Un nuevo letrado privado se hizo cargo recientemente de la defensa de los imputados por el femicidio de Gisela López. Se trata del abogado de La Paz Roberto Alsina, quien asumió ese rol hace una semana.

Justicia por Gisela

La joven desapareció el 22 de abril cuando volvía a su casa, luego de cursar en la escuela secundaria nocturna de Santa Elena “Padre Fidel Alberto Olivera”. 18 días después, el 10 de mayo de 2016, apareció brutalmente asesinada en la zona de El Bajo, en la entrada de la ciudad, a tan solo 200 metros de su casa, en el barrio 120 Viviendas.

Lo llamativo fue que por el lugar habían pasado más de 10 veces intensos rastrillajes que incluyeron efectivos policiales, perros adiestrados, drones, helicópteros, familiares y vecinos que se habían plegado a la búsqueda.

Tras multitudinarias marchas en pedido de justicia y al grito de “que se vayan los corruptos”, el ministro de Justicia, Mauro Urribarri, dio la orden de remover la cúpula policial en Santa Elena. El cuestionado comisario Pablo Noriega fue reubicado y reemplazado por un nuevo jefe, Juan Carlos Farías.

Luego de que se manejaran distintas hipótesis, que incluyeron la posibilidad de que el femicidio -que despertó el segundo grito #NiUnaMenos a nivel nacional– fuera un caso vinculado al comercio de droga y a la trata de personas, finalmente el 22 de junio se detuvo a los 4 imputados tras un operativo policial en una vivienda precaria, a tan solo 150 metros del barrio donde vivía Gisela y hoy permanece su familia.

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