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Vie, Ene
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El Estado dio de baja casi 1.200 contratos y el recorte seguirá hasta marzo

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Cuando Mauricio Macri tomó el control de la Casa Rosada activó una política de desvinculaciones y ruptura de contratos que heredó de la gestión anterior. El recorte más amplio, de unas 10.000 personas, se concretó entre 2015 y 2016. Desde entonces y hasta la actualidad, se abrió una etapa de evaluación técnica y de control de presentismo en cada organismo de la administración pública nacional y entes descentralizados que derivó en 1191 cesantías, sólo en diciembre pasado. Las casi 1200 bajas que se concretaron recientemente fueron relevadas en 15 organismos por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), los dos gremios que nuclean a trabajadores estatales.

La cifra podría incrementarse a 2.600 en marzo, ya que durante el verano caducan muchos contratos temporarios. Estas desvinculaciones son adicionales al plan oficial de reducir en un 20 por ciento los cargos políticos y jerárquicos que impulsó el Presidente y que coordina el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

El rastrillaje de los contratos en la administración pública quedó en manos del ministro de Modernización, Andrés Ibarra. Desde su área, indicaron ayer a La Nación que los contratos no renovados serían menos de los que afirman los sindicatos. “No hay despidos masivos. Tal vez son 600, la mitad de lo que dicen. Todos los casos tienen una justificación en base al control de presentismo y la evaluación interna”, dijo una fuente oficial.

Ibarra, que inició ayer una semana de vacaciones en Chapadmalal, argumentó entre su equipo los motivos de la no renovación de algunos contratos. Destacó la rigurosidad del control de presentismo y las evaluaciones internas que se dieron en cada ministerio y entes descentralizados. Ejemplificó con casos de ausencias sin justificación, enfermedades prolongadas e incumplimiento de tareas. Los organismos que más bajas sufrieron hasta ahora fueron Fabricaciones Militares, con 354 despidos en lo que va de 2018 (ver aparte), y la Televisión Digital Abierta, con 180.

Uno de los desafíos de la Casa Rosada será llegar a que sólo el 10% de los aproximadamente 200.000 empleados de la administración pública nacional esté bajo la modalidad de contrato temporario que se rigen por el artículo 9 de la ley de empleo público (25.164). La legislación impone que no debería superar el 15% del total de la plantilla las contrataciones temporarias. Hoy estaría por encima del 30%, según fuentes de UPCN.


"Se desvirtuó con [Domingo] Cavallo durante el gobierno de [Fernando] De la Rúa", argumentaron en el gremio que lidera Andrés Rodríguez, integrante de la cúpula de la CGT. El histórico reclamo sindical es por el cumplimiento de la ley marco de regulación del empleo estatal, que pone la lupa sobre la cantidad de contratos irregulares que desde hace años se multiplican en la administración pública.

Rodríguez tuvo en diciembre más de un encuentro con Ibarra y con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. En uno de ellos les dio la garantía de que no reclamaría un bono de fin de año justo cuando desde algunas provincias se anunciaba el pago de un plus para estatales. La señal de austeridad se dio durante la misma charla en la que se negoció sobre el recorte de cargos y en la que se pactó no avanzar sobre el personal de planta permanente.

Marginado de las reuniones, Hugo Godoy, jefe gremial de ATE Nacional, llamó para hoy al primer paro nacional de estatales del año (ver aparte). Desde ATE acusan a sus pares de UPCN de haber bajado la guardia y no empujar un conflicto por las bajas. El gremio de Godoy activó ya 16 protestas de alcance nacional desde que Macri llegó al poder. UPCN, por sí sola, ninguna.

"Lamentablemente el Gobierno no dio una respuesta para que se genere un espacio de discusión y ante nuestros reclamos por los despidos decidimos parar. Hay que ponerle un límite porque no vamos a permitir que siga aumentando el número de despidos", dijo Godoy.

La pulseada interna entre ATE y UPCN es histórica. En la negociación colectiva, UPCN es el que lleva la voz de mando, ya que es el mayoritario en términos de afiliados que aporta con su cuota sindical. Durante el kirchnerismo, ATE siempre firmó en disidencia los acuerdos salariales que sellaba Rodríguez. Sucede lo mismo en la era Macri.

"El ajuste de Macri no es redituable, si lo quieren buscar desde el Gobierno por el lado del ahorro. En 2016 echaron a 10.000 personas de bajo rango, pero incorporaron otras 10.000 con salarios más altos, de 70.000 pesos", se quejó un dirigente de ATE.

En paralelo a la política de desvinculaciones, el Gobierno amplió en la administración pública un plan de retiro voluntario y de jubilación anticipada como parte del ajuste. Uno de los casos paradigmáticos sería el del Correo Argentino, que cuenta con más de 16.000 empleados y es una de las empresas del Estado que más dinero le demanda al Tesoro.

El objetivo a corto plazo de la compañía postal sería reducir al menos un 10% de su plantilla. De concretarse, elevaría el cálculo de bajas que pronosticaron los dos gremios estatales.