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Allegados entrerrianos al mexicano que invirtió en La Paz serán investigados por lavado de activos

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El empresario mexicano Gregorio Sánchez Martínez llegó a la zona de La Paz a mediados de 2013. Su intención era comprar un campo de importantes dimensiones en la zona. Primero vio el administrado por dos norteamericanos, a través de la firma El Raigón Sociedad Anónima, dedicado a la cría de ganado vacuno, pero no se pusieron de acuerdo en el precio. Los empresarios del país del norte -Juan Pablo Thieriot y Lawrence Wilkinson, con domicilio en Capital Federal- aparecían por entonces como sus dueños.

Uno de los gestores del negocio fue el contador Aníbal Zacarías, también paceño, quien supo ser representante de la desaparecida firma Ángelo Paolo. El otro operador fue el empresario Ernesto Fernando Loza, oriundo de La Paz, dueño de firmas agropecuarias con sede en Capital Federal y allegado a los inversores norteamericanos. En La Paz, el domicilio legal que tiene Sánchez Martínez es Sáenz Peña 1309. Es decir, el mismo que Loza.

El negocio con el mexicano se concretó a principios de 2014, en 2 millones de dólares, según los papeles firmados en Posadas (Misiones), aunque todo indicaría que la cifra fue tres o cuatro veces más, porque la hectárea ronda entre 6.000 y 7.000 dólares en esa zona. Incluso, por otro carril, le habrían vendido también al extranjero las islas ubicadas en la zona de San Javier (provincia de Santa Fe), donde los hacendados norteamericanos llegaron a tener hasta 150.000 cabezas de ganado. O sea, más de 2.000 hectáreas de islas, casi en frente de la estancia San Silvestre, adquirida finalmente por el mexicano. Toda esa zona isleña es un dolor de cabeza para el gobierno santafesino: no dispone de un registro catastral y por ende es tierra de nadie. No se sabe qué islas son fiscales y qué islas son privadas. El control no existe.

El mexicano en cuestión, más conocido como Greg, ex intendente de Cancún y ahora diputado por su región, llegó a estar preso por delitos de corrupción en dicho país, aunque también se vio afectado por supuestos contactos con el narcotráfico. Algunos hasta vinculaban a su hermano con el “Chapo” Guzmán. Permaneció detenido entre el 27 de mayo de 2010 y agosto de 2011.

Casualidad o no, las tierras adquiridas por el mexicano en el departamento La Paz están muy cerca de las de Ricardo Winitzky, ex ladero del peruano Vladimiro Montesinos, el ex jefe de la Secretaría de Inteligencia Nacional (SIN) y allegado directo al ex presidente Alberto Fujimori -condenados y detenidos por la justicia de ese país-, donde hace unos años armaron un puerto que costó cerca de un millón de dólares y compraron dos barcos para los traslados, para la empresa El Maná Puerto Buey.

La coqueta y escondida estancia, de unas 900 hectáreas, tiene un casco enorme, de más de 700 metros cuadrados y una pileta de amplias dimensiones, con una palmera en el medio y una especie de islote. La casona prácticamente no se puede ver desde el río Paraná, por estar en lo más alto de la barranca y varios metros adentro. Uno puede llegar hasta la tranquera del campo y allí se encuentra con dos portones, con varios carteles, que advierten sobre la prohibición de acceder y la reacción a la que habrá que someterse, de violar la propiedad privada. “Perros de ataque”, dice uno de los carteles, donde también se exhiben reiteradas imágenes de prohibido pasar.

Nadie pudo explicar por qué el empresario mexicano concretó el negocio en Posadas y no en La Paz. El campo entrerriano lo cerró en la escribanía del misionero Ives Lombardi, quien en 2005 se viera involucrado en un intento de estafa en Posadas, en una compra de tierras. Allí se hicieron presentes Gregorio Sánchez Martínez y su bella esposa cubana (de su segundo matrimonio), la médica Niurka Saliva Benítez, hija de un teniente coronel de Inteligencia, que prestara servicios al castrismo por varios años. En los papeles, ese 16 de febrero de 2014, quedó registrada la donación de 2 millones de dólares, que hacía la mujer, a favor de su hijo Neftalí Sánchez Martínez, nacido en Mendoza el 1 de diciembre de 2010. O sea, cuando su padre estaba preso. La cubana entregó un cheque del banco JP Morgan Chase Columbus, con sede en México, por la cifra mencionada, que sirvió para la compra del campo San Silvestre, que pertenecía a El Raigón SA. El campo fue registrado a nombre de un niño de poco más de 3 años.

La médica cubana, en semanas previas, había consultado en AFIP Posadas cómo debía inscribirse en el organismo para ingresar dinero al país, pero no hubo un seguimiento a sus movimientos posteriores. A la hora de justificar el dinero ante el escribano Lombardi, dejó asentado que era parte de lo que le correspondía como socia, ante la disolución de la sociedad denominada Gna Dolphin LLc, que liquidó sus activos por 3,1 millones de dólares. La firma tenía su sede en Florida (Estados Unidos) y disponía de un lote en el Condado Miami-Dade, valuado en 1,5 millones de dólares, como así también una costosa vivienda, en la que Gregorio Sánchez Martínez era copropietario con su primera mujer, Nedys Di Mare. Sánchez Martínez era director de la firma, pero fue separado de ella cuando cayó preso en 2010 y por ende quedó al frente su esposa Niurka Alba Saliva Benítez.

El domicilio fiscal del campo entrerriano quedó fijado en avenida Roca 382, de Posadas, supuestamente también adquirida por el mexicano, aunque habría quedado registrada a nombre de su esposa. Es una importante propiedad, ubicada a escasos metros de la bella costanera posadeña. Pertenecía al misionero Alfredo Abrazian, de 75 años y empresario de medios de comunicación, cuya hermana Sonia era la esposa del ex ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo.

El casco principal en Entre Ríos tiene tres habitaciones en suite y amplios salones, que se ubican en la planta alta de la construcción. Abajo dispone de un living de dimensiones destacadas, comedor, sala de juego y dos baños. Hay una sala de cine, bibliotecas de madera, un salón todo espejado y una importante bodega. La casa dispone además de una entrada parquizada, de un bello puentecito en las proximidades, adornado con leones de piedra. Cuenta además con canchas de polo y la pileta tiene dimensiones envidiables. A su vez, el amplio predio cuenta con una importante pista de aterrizaje y un acceso al río destacado, para embarcaciones sofisticadas, como así también para el traslado de ganado.

El 25 de mayo de 2010, Greg Sánchez Martínez había sido detenido en el aeropuerto internacional de Cancún acusado de lavado de dinero. Algunos medios daban cuenta también de acusaciones de testigos protegidos, por supuestas vinculaciones con el narcotráfico mexicano, pero ello no fue comprobado fehacientemente. Un año y dos meses después fue absuelto y regresó a Cancún, en donde tuvo un multitudinario recibimiento en el aeropuerto. Durante este proceso penal, su esposa Niurka Saliva, de origen cubano, fue acusada también de tráfico de personas procedentes de la isla. Sin embargo, la mujer huyó de México y se refugió en Argentina, específicamente en Mendoza, donde nació el pequeño, propietario del campo de La Paz.

La AFIP lo denunció por lavado de dinero y evasión, en 2014, en una causa radicada en el Juzgado Federal de Posadas y motorizada por el entonces titular del organismo central, Ricardo Echegaray, pero extrañamente, la causa no avanzó en Misiones y se archivó en pocos meses, como por arte de magia, con la firma de la jueza federal de Posadas, Verónica Skanata.

Gregorio Sánchez Martínez salió electo diputado este año, en su país, por su distrito de Cancún, pero llega de vez en cuando a su predio de La Paz, donde está desarrollando una extensa producción de nueces pecán en sus tierras. Algunos de sus allegados en la región entrerriana tendrán que empezar a rendir cuentas ante la justicia federal próximamente. Según pudo saber Cuestión de fondo, la Unidad de Información Financiera (UIF) tiene en la mira a quienes operaron en cercanías de Gregorio Sánchez Martínez por contratos irregulares recientes, de arrendamientos con empresas cercanas, por cifras millonarias, con la estancia San Silvestre, propiedad del mexicano, que podrían configurarse como lavados de activos, que prevén de 3 a 10 años de cárcel. Específicamente son cuatro las personas que aparecen involucradas y tres empresas, de las que participan, con las que hicieron las mencionadas operaciones de lavado. Una denuncia en ese sentido quedó radicada en el Juzgado Federal de Paraná. Quizás ahora se pueda llegar hasta dónde no se avanzó en la anterior administración. O hasta dónde no quiso llegar la justicia federal misionera.

 

Análisis Digital